Abril

Hipotecas y seguros, inseparables en la oferta hipotecaria

La banca española no puede vender seguros ni obligar a contratarlos a quien necesita una hipoteca. Sin embargo, los seguros están muy presentes en toda la oferta hipotecaria. Basta con echar un vistazo a los productos que hay actualmente en el mercado para comprobar que no sólo no es así, sino que la banca ni lo disimula ni lo oculta. Para que un cliente pueda beneficiarse del diferencial ofertado debe vincularse a la entidad vía domiciliación de nóminas, tarjetas de crédito y, por supuesto, seguros.

Es impresentable que un banco, cuyo negocio es gestionar el ahorro y el crédito, imponga a un futuro cliente la contratación de un producto no deseado y, además, en condiciones de contratación duras o más bien, durísimas.

¿Son obligatorios los seguros de vida y hogar al firmar una hipoteca?

Ni uno ni otro son obligatorios, si bien son un arma con la que juega la banca para dar luz verde o carpetazo a una operación.  Así lo sostiene el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

En ningún caso es obligatorio contratar un seguro de hogar cuando se firma una hipoteca. No obstante, los expertos sí recomiendan su contratación, ya sea con la entidad que concede el préstamo o con otra; el seguro de vida, por el contrario, no es obligatorio en ningún caso. Otra cosa es que su contratación, sea con la aseguradora que sea, sea conveniente. “Es realmente bueno para todos. Para el cliente porque se protege a sí mismo de una posible invalidez y a su familia de un posible fallecimiento.

El cliente debe tener la posibilidad de elegir, valorando los precios y las coberturas, la misma persona que te vende la hipoteca, el depósito, te venda también un seguro. Es un auténtico fraude de ley y es precisamente lo que la normativa europea también pretende evitar.

El consumidor, no obstante, también debe saber que la ley le da el derecho de dar marcha atrás en todo seguro de vida de duración superior a seis meses sin tener que dar explicación alguna. El tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al periodo de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. El asegurador dispondrá para ello de un plazo de 30 días a contar desde el día que reciba la comunicación de rescisión.

Una vez aclarado este punto y una vez determinado que resulta conveniente –que no obligatorio– contar con estos seguros, ¿cómo elegir el que mejor se adapta a nuestras necesidades para evitar desagradables sorpresas en el futuro?  ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro?

Algunas recomendaciones. Preguntar, por ejemplo, si el seguro de vida es de capital decreciente. Es decir, si se va a ajustando al saldo del préstamo mensual o fijo por el montante inicial.

O si estamos ante un seguro en el que la prima se paga a plazos de una sola vez en el momento de abrir la hipoteca. Como suelen suponer un desembolso importante de dinero, en caso de haber de pedir financiación al banco, es importante tener en cuenta No lo olvidemos, la banca nunca pierde.

Finiquitos falsos, alterados o en blanco

Se considera autor de estafa procesal al administrador único y Director general de una empresa que aporta a un litigio laboral sobre despido un finiquito en el que la firma de la trabajadora ha sido falsificada pues la determinación del autor material es indiferente y no impide implicar a aquellas personas que tienen el dominio funcional del hecho, siempre que esté acreditado por datos evidentes como su condición de administrador único y su decisión intencionada de presentar el documento en el juicio laboral por despido (TS Penal 3-7-09, EDJ 158063).

En otro caso se acredita pericialmente la falsedad de la firma que suscribe la baja de la trabajadora en el Libro de Matrícula y que se ha utilizado para el finiquito un documento firmado en blanco por ella, a instancias de la Asesoría Laboral, so pretexto de resultar necesario para solicitar ciertos particulares indispensables para la formalización del contrato de trabajo por tiempo indefinido.

El legal representante de la empresa y el asesor fueron considerados responsables de un delito de falsedad en documento público (TS Penal 4-4-05, EDJ 83597). Interesa resaltar la argumentación conforme a la cual en su primitiva naturaleza, la carta-finiquito falseada no puede considerarse como documento oficial si bien adquiere esta condición por el hecho de que su única finalidad era llevarlo al procedimiento, convirtiéndolo en un documento en el que la oficialidad radica en que está destinado a provocar una resolución judicial en el curso de un proceso.

Múltiples sentencias han entendido que la típica conducta empresarial consistente en obtener firma de documentos en blanco para luego rellenarlos y aportarlos en juicio a fin de defraudar los derechos del trabajador configura un delito de falsedad en documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa (una detallada exposición puede verse en AP Toledo Penal 18-12-12, EDJ 320725).

Se considera constitutiva de un delito de falsedad en documento oficial y otro contra los derechos de los trabajadores la conducta empresarial consistente en aportar al Juicio Laboral unos finiquitos falsificados con el único y exclusivo destino de surtir efectos en las demandas presentadas ante el Juzgado de lo Social para eludir los pagos a que venía obligado el acusado, además de desprenderse de los trabajadores y eludir los costes del despido, simulando la enajenación de la sociedad (TS Penal 24-1-02).

SOBRE BICICLETAS (LOS CICLISTAS, EL USO DEL CASCO Y ALGUNA COSA MÁS)

Se reforman la regulación que, hasta el momento, se efectuaba en el art. 47.1 párrafo segundo LTSV. La nueva redacción supone trasladar la obligación general de uso al reglamento al establecer que conductores y ocupantes de las bicicletas «estarán obligados a utilizar el casco de protección… en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen» determinando, legalmente, su obligación en dos casos:

  • — Los menores de dieciséis años en todo caso (vías urbanas, interurbanas y travesías)
  • — Cualquier persona que circule en bicicleta por una vía interurbana

Se trata de una infracción que no se recoge de manera específica en el cuadro general del art. 65 LTSV por lo que, y tal como establece el art. 65.3 LTSV, merece la calificación de leve (al no ser catalogada como grave o muy grave) y a la que, por tanto, corresponde una multa de hasta 100 euros (art. 67.1 LTSV).

Y, en este sentido, especial referencia merece la obligación del uso del casco por menores de dieciséis años y la responsabilidad solidaria que, para respecto de las sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por menores de edad, se establece para los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho del infractor (y por este orden) en el art. 69.1 b) LTSV.

A su lado, se introducen otras medidas que tienen como protagonistas y destinatarios a ciclistas y bicicletas:

  • — La medida de inmovilización del vehículo por no hacer uso de los dispositivos de seguridad obligatorios no es aplicable a los ciclistas, tal y como determina el inciso final que se agrega al art. 84.1 c) LTSV
  • — Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano, conforme al nuevo inciso final que se añade al art. 7 c) LTSV
  • — Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén (art. 34.4 LTSV)
  • — Se permite que las bicicletas circulen por debajo de los límites mínimos de velocidad establecidos (art. 19.5 LTSV)

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